Recientemente se han desarrollado desalojos en
diferentes zonas rurales del país como los son el de la finca el Aguacate en
Liberia donde más de 300 familias
habían recuperado esa tierra desocupada
desde hace años para su sustento. Además, el desalojo que actualmente amenaza
la comunidad Indígena de Salitre, donde la policía junto con los terratenientes
que reclaman las tierras han llegado a intimidar.
El derecho a una vida digna es innegable a cualquier
ser humano, esto deber ser entendido y
respetado por las clases políticas y económicas de este país, quienes utilizan
fondos de todos los ciudadanos costarricenses para efectuar violentos desalojos
y encarcelamientos de comunidades campesinas que están dando un uso social a
tierras ociosas acaparadas por terratenientes o el Estado costarricense.
En Costa Rica el gobierno ha abandonado al pequeño
propietario y el campesino arrancado de su tierra, dejando de generar y
ejecutar políticas publicadas dirigidas al apoyo de estas poblaciones para el
mejoramiento de su calidad de vida.
El modelo económico implementado en el país pone la
acumulación de riqueza de las clases más privilegiadas por encima del derecho
del pueblo, y pone a su servicio las fuerzas de seguridad oficial del país para
imponer sus intereses.
Una Reforma Agraria Integral y un auténtico
reconocimiento del derecho de las poblaciones indígenas es urgente en este
país, así como en Nuestra Latinoamérica. La participación de la ciudadanía en
el gobierno es la única vía para alcanzar la verdadera paz y justicia social.
En este audio se puede
escuchar una entrevista de uno de los dirigentes de la recuperación de tierra
de la finca El Aguacate después de realizado el reciente desalojo un día antes de la celebración de la anexión de Nicoya a Costa Rica.
